“Las desapariciones de algunas mujeres se debe a que se han ido con sus parejas o han salido del país” -Ministro de Seguridad Juan Pino. 7 de mayo del 2022.
Las declaraciones del Ministro Pino minimizan la problemática de las desapariciones; éstas involucran la posibilidad de ser víctima del delito de trata de personas, una realidad rampante en Latinoamérica.
¿A cuántas del total de desaparecidas se han encontrado vivas y fuera de peligro?
Lo que dijo el Ministro de Seguridad se contradice con la realidad del país: en lo que va del año, se han atendido 38 víctimas de trata, de acuerdo a reportes del mismo Ministerio de Seguridad. Entre las víctimas, panameñxs entre 6 y 15 años de edad. Según Dayra Campos, directora de la Oficina contra la Trata de Personas, entre lxs detenidxs hay familiares que fueron cómplices del crimen.
Un informe del Departamento de Estado de EEUU, indica que Panamá no ha desarrollado políticas suficientes para la atención y prevención de trata de personas. Así mismo, se reporta que el control fronterizo no cuenta con protocolos sólidos para la detección y acción temprana frente a este delito. Por lo que, las declaraciones sobre desaparecidas que “han salido del país” no son nada alentadoras.
El Ministro Pino invalida la preocupación de las familias de las desaparecidas y a éstas últimas las coloca en una posición de vulnerabilidad y revictimización porque le resta importancia a la urgencia de su búsqueda. Esto normaliza la impunidad con la que se llevan a cabo los secuestros y la trata de personas.
¿Pero qué es la trata de personas?
Es el traslado involuntario de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o mendicidad forzada.
En la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante para que la acción se caracterice como el tráfico. Eso porque, generalmente, este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad.
1- No existe un plan específico para la trata de personas
2- Señala la casi inexistencia en el Código Penal de artículos que tipifiquen como delitos todas las formas de tráfico de personas, de tipo sexual o laboral.
3- Los abusos reportados dentro de los albergues del SENNIAF incrementaron el riesgo de los NNA de ser vulnerables a la trata.
4- NNA viviendo en albergues fueron vulnerables al reclutamiento de tratantes.
5- La discriminación y la creciente demanda en el comercio sexual ilícito de personas transgénero, aumentaron su vulnerabilidad frente los tratantes.
6- Se reportó la complicidad o negligencia de un funcionario del Servicio Nacional de Migración en el ingreso al país de un presunto tratante y su víctima, sin que se tomaran acciones hacia el funcionario ni se adoptaran medidas preventivas en los procedimientos de atención a migrantes.
Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos.
Por ejemplo, cuando una empresa contrata a una persona migrante “sin papeles” y/o sin permisos de trabajo, y le despojan de su pasaporte con la promesa de facilitar los procesos de regularización a cambio de trabajo (generalmente en condiciones de explotación) o un salario precario, la persona está siendo víctima de trata. Estas situaciones son comunes pero poco denunciadas por la complejidad de las condiciones en las que viven las personas migrantes y por lo normalizadas que son las prácticas de explotación laboral.
En Panamá las poblaciones más vulnerables a la trata por explotación laboral son las mujeres personas indígenas y extranjeras,.
A pesar de los informes de organismos internacionales en materia de acción y prevención de trata de personas, altos funcionarios del gobierno insisten en negar el problema. Esta negación sólo privilegia a los tratantes (quienes operan en la trata) y traficantes de órganos.
Tan sólo días antes de las declaraciones del Ministro Pino, bajo el nombre de Operación Luz de Esperanza, se desmanteló una red de trata para fines de explotación sexual infantil. Una docena de niños y niñas fueron rescatadxs.