Hoy 19 de agosto, se cumple un mes de la brutal represión policial en Santiago de Veraguas; hecho que se dio durante la crisis política que originó la falta de acciones estatales frente al alza del precio del combustible en Panamá.
Desde inicios de julio, las manifestaciones y cierres de calles fueron pacíficos. Personas de todos los rincones del país compartían su comida en las ollas comunes, de día sonaban tamboritos y murgas, y por la noche se hacían asambleas populares para discutir las demandas sociales presentadas en la Mesa de Diálogo.
Pero ese martes 19 de julio a las 6 de la mañana, el Gobierno de Nito Cortizo emitió un comunicado que criminalizaba la protesta. Culpaban a los movimientos sociales por el desabastecimiento de alimentos y medicina. Entonces se dio la orden de desplegar la Fuerza de Tarea Conjunta. Pasado el mediodía, la policía desmovilizó a las personas manifestantes del cierre a la altura de Guna Nega y Panamá-Colón. Horas más tarde, arribaron unidades de control de multitudes en diferentes puntos de Santiago. El objetivo: reabrir la carretera por la fuerza.
Fueron casi 4 horas de brutalidad policial. Cientas y cientas de latas de gases lacrimógenas vencidas, balas de goma y perdigones fueron disparados en los alrededores del Bastión de Calle 10ma, afectando a las comunidades aledañas. En el residencial Urracá, inclusive hubo detonaciones al aire con arma de fuego por parte de una policía. La música se apagó y fue reemplazada por gritos de auxilio, llanto y tos. Había rastros de sangre por todos lados. Los alimentos y ranchos improvisados para las vigilias de noche, fueron destruidos por los policías. El humo y los balines alcanzaron los hogares de personas que ni siquiera participaban en la manifestación. Una mujer clamaba por ayuda en medio de la calle con su bebé de meses en brazos, afectada por los gases lacrimógenos. Lo que fue una actividad ciudadana pacífica en el espacio público, se convirtió rápidamente en un infierno de humo tóxico.
A todo esto, ninguna autoridad civil se apersonó a los sitios de bloqueo a mediar por la apertura, lo que demostró la falta de voluntad del gobierno, para promover el diálogo, la negociación pacífica y garantizar los derechos humanos.
Días después de la represión en Santiago, un grupo de personas decidió colaborar voluntariamente en la creación del Comité Humanitario de Veraguas para promover los derechos humanos y la paz en las comunidades. Vieron la necesidad de humanizar el proceso de lucha social, elaborando monitoreos de derechos humanos y haciendo pedagogía con las partes involucradas (así sean manifestantes, policía, jueces de paz) sobre la importancia de proteger los derechos durante la movilización social.
Así el 7 de agosto el Comité Humanitario hizo un recorrido por varias comunidades cercanas al epicentro de la represión en Santiago, llenando formularios de violación a los derechos humanos ocurridos durante las manifestaciones del 19 de julio.
Entre los hallazgos del monitoreo, se constataron varias personas heridas de gravedad durante el enfrentamiento con los policías, entre ellas una persona con la mejilla izquierda destrozada, una con laceraciones en el abdomen y otra persona con el ojo izquierdo herido por perdigón. Se registraron cuadros asmáticos, irritación en ojos, piel, garganta y nariz, dolores de cabeza y resfriados provocados por los gases lacrimógenos, así como afectaciones psicológicas y falta de oxígeno. También una persona reportó ser golpeada por policías.
Ninguna autoridad de salud se apersonó al sitio del enfrentamiento, a pesar de que la Fuerza de Tarea Conjunta como entidad involucra a la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos en sus funciones. Nadie brindó atención médica a les manifestantes aquél martes en Calle Décima.
La variedad en las ocupaciones de las personas afectadas demuestra el alcance de la exposición a la represión policial: personas jubiladas, desempleados, amas de casa, docentes, trabajadores de casino, personas con discapacidad, funcionarios, independientes, estudiantes etc. De las personas entrevistadas, el 57% no pertenecía a ninguna organización. Es decir, el uso de la fuerza desmedida por parte del cuerpo policial en Santiago, repercutió tanto en participantes como en personas ajenas a las manifestaciones.
Después del 19 de julio, Santiago no es el mismo. Se reporta presencia policial permanente en el puente de Calle 10ma y en Atalaya. El mensaje del gobierno es claro: sitiar las zonas emblemáticas de la movilización social para evitar la participación ciudadana.
En tanto, el Comité Humanitario se mantendrá acompañando las reivindicaciones de justicia social a través del monitoreo de derechos humanos en la comunidad y la promoción de la paz. También están pendientes a recibir el informe de observación de la Defensoría del Pueblo.
19 de julio, prohibido olvidar