La provincia de Bocas del Toro, en los últimos 15 años, no ha estado exenta de los graves conflictos sociales estructurales que padece Panamá. En dos momentos clave —2010 y 2025— ha sido transformada de un paraíso ejemplo del modelo de desigualdad social imperante en el país, a un laboratorio de violencia estatal contra la disidencia de las mayorías sociales, que se enfrentan a medidas autoritarias impuestas por los gobiernos del régimen político surgido tras la invasión estadounidense de 1989. En ambas ocasiones, el Estado recurrió a la militarización, al uso de fuerza letal, al cercenamiento de derechos constitucionales y a una narrativa de criminalización contra el pueblo que protesta. Es evidente que la repetición continua de estos hechos graves de violación a los Derechos Humanos en los últimos años responde a condiciones institucionales precarias y a un profundo déficit democrático que permite y modela la sistemática vulneración de esos derechos.
Aunque separadas por 15 años, las represiones ocurridas bajo los gobiernos de Ricardo Martinelli (2010) y José Raúl Mulino (2025) comparten patrones evidentes de una política de Estado contra las voces que exigen justicia social, autodeterminación y dignidad. En ambos casos, el autor intelectual y político de los modelos represivos es el mismo: José Raúl Mulino.
Entre el 7 y el 11 de julio de 2010, en el distrito de Changuinola, se produjo una de las represiones estatales más graves en tiempos recientes. El informe de Human Rights Everywhere, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Panamá, documentó 492 víctimas, incluyendo muertos, heridos y detenidos arbitrariamente. Se evidenciaron prácticas sistemáticas de tortura, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, violaciones al debido proceso y negligencia institucional. Las víctimas, entre ellas niños, mujeres y ancianos, sufrieron impactos de perdigones y balas, afectaciones respiratorias por gases lacrimógenos, pérdida de visión, golpizas y tratos inhumanos. Este informe constituyó una denuncia contundente de la violencia estatal, el racismo estructural y la criminalización de la protesta social. Un año más tarde, en medio de un nuevo conflicto vinculado a la apertura minera en la Comarca Ngäbe-Buglé, el gobierno de Martinelli expulsó del país al activista de Derechos Humanos Paco Gómez Nadal, residente panameño de origen español, acusándolo sin pruebas de instigar las manifestaciones.
Del trágico conflicto de 2010 en Changuinola, que dejó una profunda herida emocional en la población por los altos niveles de crueldad represiva y la impunidad de sus responsables, pueden extraerse comparaciones claras con el actual conflicto de huelga de 2025.
El gobierno de José Raúl Mulino lanzó el “Operativo Omega” el 14 de junio de 2025 como respuesta represiva a las protestas masivas en Bocas del Toro, protagonizadas principalmente por población de origen Ngäbe. Los responsables intelectuales y políticos del plan represivo describieron este dispositivo como “la estrategia del gobierno para abrir por la fuerza los cierres de vías” en la provincia. El operativo se formalizó mediante el Decreto de Gabinete No. 27 de 20 de junio de 2025, emitido por el presidente Mulino, bajo el amparo del Artículo 55 de la Constitución, lo que permitió suspender múltiples garantías constitucionales.
En la prórroga dictada el 24 de junio, se eliminó del decreto el habeas corpus (Art. 23), y se mantuvo la suspensión de derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho de reunión, y otras libertades básicas.
A pesar de que los hechos materiales no justificaban la suspensión de garantías como el habeas corpus —prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la Opinión Consultiva OC-8/87 de la Corte Interamericana—, el Ejecutivo argumentó que la “perturbación del orden” causada por los bloqueos requería restablecer la paz mediante todos los recursos del Estado. En conferencia de prensa, al extender cinco días más el decreto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, declaró que el estado de emergencia respondía a una “perturbación interna” causada por los disturbios y que el Estado garantizaría el orden público.
La “Operación Omega” no solo repite el modelo represivo de 2010, sino que lo profundiza con una lógica de guerra interna, inspirada en la doctrina del enemigo interno. Esta estrategia guarda similitud con el modelo peruano de represión masiva ensayado durante la crisis política posterior al golpe contra el presidente Pedro Castillo, que reprimió brutalmente a ciudadanos empobrecidos que defendían su salud, territorio y derechos.
Lo más grave es que muchos de los responsables políticos de 2010 —como el propio Mulino, entonces ministro de Seguridad— hoy ejecutan las mismas prácticas desde la Presidencia, con el silencio cómplice de medios que reciben millones en pauta estatal o cuyos dueños forman parte del círculo de conflictos de interés que rodea al actual mandatario. Este proyecto está alineado con la nueva arquitectura geopolítica impulsada por Donald Trump, que busca desmantelar las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, vistas como obstáculos para los intereses de las grandes corporaciones.
Ambos contextos —2010 y 2025— evidencian la instrumentalización del Estado para favorecer intereses corporativos y disciplinar a las poblaciones históricamente excluidas. En 2010, el objetivo fue imponer un modelo de discrecionalidad sobre los recursos estratégicos del país; en 2025, el patrón se repite: imponer una reforma a la seguridad social con la Ley 462 que privatiza los fondos, reactivar la minería metálica y firmar un acuerdo neocolonial con el gobierno de Trump, medidas todas que atentan contra las mayorías sociales, el patrimonio ecológico y la soberanía panameña.
La Ley 30 de 2010, conocida como la “Ley Chorizo” o “Ley 9 en 1”, fue impuesta por el gobierno de Ricardo Martinelli. Recibió ese apodo por reunir, sin consulta ni transparencia, reformas profundas a múltiples leyes en un solo paquete legislativo.
La supuesta legalidad que respalda estas represiones no puede ser una excusa. Ni la Ley 30 ni la Ley 462 fueron productos de consensos democráticos ni respetaron principios mínimos de participación ciudadana. En ambos casos, la protesta social ha sido la única herramienta de resistencia frente a un proyecto autoritario arraigado en la corrupción.
Lo que ocurre hoy en Bocas del Toro no es un accidente: es el resultado directo de la impunidad de 2010. El Estado panameño no solo evitó asumir responsabilidades por las violaciones cometidas, sino que permitió que sus perpetradores escalaran en el poder.
Hoy, con un pueblo más organizado pero aún más empobrecido, el gobierno de Mulino ha desatado nuevamente el terror de Estado. La historia no puede repetirse como tragedia perpetua. El pueblo panameño y la comunidad internacional deben movilizarse para frenar esta espiral de violencia institucionalizada y construir un sistema nacional de Derechos Humanos con un marco jurídico e institucional que ponga fin a todas las formas de impunidad. Es urgente democratizar el Estado panameño para que se cumplan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, no solo frente a conflictos represivos, sino en toda la gestión pública.
Hoy existe una gran potencia en el tejido social panameño, con una fuerte convicción anti autoritaria expresada en las calles. Sin embargo, persiste un tejido político y social que aún no dimensiona la magnitud y complejidad de la crisis sistémica que atraviesa el país, anestesiado por la normalización de la corrupción en todos los niveles. Este apaciguamiento es aprovechado por el proyecto autoritario y regresivo que lidera José Raúl Mulino, respaldado por diversos círculos oligárquicos que buscan imponerse y consolidarse como proyecto de Estado.
Ver informe de DDHH de 2010: