por Aniela Herrera González
La presente década se ha caracterizado por una confluencia de crisis, desde la pandemia de COVID-19 hasta la escalada de conflictos y la aceleración de la crisis climática, todo esto agravado por el aumento del costo de la vida. En Panamá, los derechos humanos de las mujeres se ven afectados de manera desproporcionada, enfrentando una profundización de la desigualdad.
Un estudio del INEC señala que las mujeres usan el 60.9% de su tiempo a labores de cuidado, convirtiéndose en el sostén de la vida de otros sin tener garantizados los más básicos derechos.
Las docentes, en su mayoría mujeres, iniciaron el año escolar en condiciones precarias. El MEDUCA no tiene estudios, cifras, ni datos de las realidades que viven las docentes, las situaciones de acoso, los nombramientos en comunidades distantes a sus hogares, las dificultades para maternar y la falta de material para impartir las clases. Tampoco cuenta con protocolos, mecanismos de denuncia, ni de justicia laboral y gobierno tras gobierno vulneran el derecho de huelga de las maestras.
Las mujeres que acompañan a estudiantes, ya sean madres, tías, abuelas o hermanas se ven obligadas a protestar con frecuencia debido a la falta de docentes, la ausencia de protocolos contra el acoso y abuso en los centros educativos, la falta de acceso a servicios esenciales como agua potable en las escuelas. La educación, siendo un derecho fundamental, no está garantizado por el Estado panameño.
La justicia energética es tener acceso a servicios energéticos de calidad y a precios accesibles. En Panamá los constantes apagones y el alto costo de la luz están ahorcando las economías del pueblo. Las mujeres se encuentran significativamente afectadas, porque tienen que lidiar con electrodomésticos dañados, las tareas de los niños/as sin concluir, el cuidado de las personas enfermas que dependen de máquinas y la conservación de los alimentos, incrementando su carga de trabajo de cuidados.
La falta de calidad y acceso continuo a agua potable debido al crecimiento urbano sin planificación, la negligencia en la gestión de cuencas hidrográficas y la escasez de vivienda convierten servicios básicos como luz, agua y vivienda en lujos inalcanzables, exacerbando la desigualdad que viven las mujeres.
En julio del 2022, la población protestó por el alto costo de la canasta básica y la falta de acceso a medicamentos, problemáticas que persisten sin políticas alimentarias y de salud, perjudicando especialmente a las mujeres.
En cálculos globales, las mujeres estudian más que los hombres, las que son asalariadas cobran menos que los hombres y una gran mayoría tiene menos acceso al mercado laboral. Representan el grueso poblacional de la informalidad laboral, del desempleo y de la no jubilación.
Aunque el año pasado el gobierno presentó un Plan de Igualdad Laboral (2022-2025), su eficacia se ve comprometida porque repite la historia de los otros “planes de igualdad” que han elaborado gobiernos anteriores. Es un texto que carece de estudios que aborden las necesidades específicas de las mujeres trans, negras, indígenas, madres, lesbianas, discapacitadas, marginalizadas, por lo tanto, son solo documentos realizados para cumplir con alguna exigencia de organismos internacionales, pero no resuelven la desigualdad que pesa en el cuerpo de las mujeres.
La evasión fiscal y el hecho de que los más ricos del país no pagan impuestos justos, contribuyen a la disminución de ingresos destinados a servicios públicos esenciales para combatir la desigualdad. Como indica el Informe de Desigualdad de la Oxfam, esta situación afecta especialmente a las mujeres: como principales usuarias de los servicios públicos y como principales proveedoras del trabajo de cuidados no remunerado, que como hemos visto, continúa aumentando para suplir las carencias ocasionadas por la falta de provisión pública.