La Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Panamá denuncia enérgicamente la brutal represión ejercida por el gobierno de José Raúl Mulino contra activistas, estudiantes y líderes sociales que protestaron pacíficamente contra la presencia del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio por la sumisión del gobierno panameño a la política migratoria y violatoria de la soberanía panameña llevada adelante por el presidente de EEUU Donald Trump.
El pasado 3 de febrero, en un operativo sin precedentes, a las 5 de la mañana, unidades de la Fuerza Urbana de Rápida Intervención (ALFA) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) allanaron seis viviendas y arrestaron de manera arbitraria al documentalista Pedro Silva, quien había registrado en video la agresión de un oficial de la Policía Nacional contra un estudiante en recientes manifestaciones. Junto con Silva, también fueron detenidos estudiantes y líderes sociales en un claro intento de criminalizar la protesta social.
Este operativo represivo constituye una grave violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de Panamá, así como en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Entre los derechos vulnerados destacamos:
Derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica (Artículo 37 de la Constitución de Panamá y Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP).Convenios Internacionales Ratificados por Panamá
Panamá es Estado Parte de varios tratados que protegen los derechos humanos y la protesta social, entre ellos:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)El incumplimiento de estos tratados compromete la responsabilidad internacional del Estado panameño y expone al gobierno a sanciones y condenas ante organismos internacionales.
Antecedentes de Judicialización de la Protesta Social en Panamá
El gobierno panameño tiene un largo historial de represión y criminalización de la protesta social. Organismos como la CIDH y Amnistía Internacional han emitido alertas y recomendaciones en diversos momentos:
Protestas de 2010 y 2012: Represión violenta en Bocas del Toro y Colón, donde hubo muertos y centenares de heridos.En todos estos casos, la CIDH ha emitido llamados de atención, instando al Estado panameño a respetar el derecho a la protesta y a evitar el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, el patrón de represión persiste y se agrava bajo la actual administración, lo cual confirma lo advertido ya por organismos experto, en que existe una sistematicidad de esta prácticas. El propio actual presidente José Rául Mulino, siendo Ministro de Seguridad del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009 – 2014), fue señalado por informes de Derechos Humanos como responsable de estas prácticas.
Llamado Urgente a la Comunidad Internacional
Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional, a monitorear de cerca la situación en Panamá y exigir al gobierno de José Raúl Mulino el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La violación sistemática de los derechos humanos y la sumisión a políticas extranjeras que atentan contra la soberanía nacional no pueden ser toleradas. La detención arbitraria de activistas y documentalistas representa un grave retroceso democrático que no debe pasar desapercibido ante la comunidad internacional.
Exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de la persecución a quienes ejercen su derecho a la protesta.
