Boletín de Derechos Humanos - Panamá del 21 de marzo al 4 de abril 2025

Boletín de Derechos Humanos - Panamá 2025

Del 21 de marzo al 4 de abril

El presente boletín de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos Panamá, documenta una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado panameño en el marco de manifestaciones ciudadanas realizadas entre el 21 de marzo y el 4 de abril de 2025. Las protestas, motivadas por el rechazo ciudadano a reformas inconsultas al sistema público de seguridad social y a otras políticas gubernamentales percibidas como lesivas al interés público, han sido objeto de una respuesta estatal caracterizada por un uso desproporcionado, arbitrario y excesivo de la fuerza.

El 18 de marzo de 2025, el presidente José Raúl Mulino sanciona la reforma a la Caja del Seguro Social en medio de fuertes protestas sociales. Ese mismo día, el Ministro de la Presidencia advierte que a los docentes que ejerzan su derecho a huelga se les aplicarán descuentos salariales. Por su parte, Jackeline Muñoz, ministra de MITRADEL, desacredita el ejercicio del derecho a huelga al afirmar que “llamar a huelga no es lo correcto”.

El 20 de marzo, con relación a los docentes que ejercen su derecho a huelga, el presidente afirma que “el que no trabaja no cobra”, mientras el Contralor Anel Flores estigmatiza a organizaciones sindicales al calificarlas como “organizaciones terroristas”. Estas expresiones configuran una narrativa de criminalización de la protesta social.

El 21 de marzo, durante una conferencia de prensa, el presidente Mulino declara que quienes protestan no han planteado soluciones a la crisis de la Caja del Seguro Social y asegura que el gobierno “no va para atrás” con la reforma.

La Ministra de Educación refuerza el discurso oficial al reiterar que la huelga no se justifica y afirma, en tono coercitivo, que hará cumplir la ley, desconociendo los marcos legales nacionales e internacionales que protegen el derecho a huelga.

1. Uso ilegítimo de la fuerza y represión institucionalizada

Durante este período se documenta el empleo indiscriminado de armamento letal y no letal contra personas manifestantes, incluyendo disparos con armas de fuego, balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno dirigidos al rostro, lo que contraviene los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales.

Se registran detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza durante las aprehensiones, agresiones físicas y verbales a manifestantes y personas que documentaban los hechos, así como el uso reiterado e indiscriminado de agentes químicos (gases lacrimógenos) y dispositivos aturdidores, incluso en zonas pobladas y próximas a instalaciones de alto riesgo.

2. Criminalización de la protesta y discurso estigmatizante

El Gobierno despliega una narrativa pública que busca deslegitimar el derecho a la protesta mediante calificativos como “organizaciones terroristas”, con el propósito de justificar el uso desmedido de la fuerza. Estas declaraciones constituyen formas de estigmatización que vulneran los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

Las manifestaciones se desarrollan en un contexto de malestar social generalizado ante decisiones gubernamentales adoptadas sin consulta ni participación ciudadana, incluyendo: la reforma a la Caja de Seguro Social, intentos de reapertura de operaciones mineras, acuerdos internacionales percibidos como contrarios a la soberanía nacional, la crisis hídrica en diversas comunidades y la imposición de proyectos de infraestructura que afectan territorios y ecosistemas.

3. Hechos documentados

21 de marzo – Ciudad de Colón, Universidad de Panamá, Santiago de Veraguas
Docentes en huelga participan en movilizaciones pacíficas convocadas, y se registran actos de represión grave contra ellos a la altura de Cuatro Altos, en la ciudad de Colón. La policía lanza gases lacrimógenos en inmediaciones de una estación de gasolina, acción que pone en riesgo la vida e integridad física de la población. También se reportan golpizas, detenciones arbitrarias y agresiones directas a manifestantes. Entre las personas detenidas se encuentra el dirigente magisterial Alberto Díaz. En declaraciones oficiales, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirma las cinco aprehensiones realizadas durante las manifestaciones, sin aportar garantías claras sobre el respeto al debido proceso ni la legalidad de las detenciones.

En la Ciudad de Panamá, protestas de estudiantes de la Universidad de Panamá y trabajadores son reprimidas con armas de fuego, balas de goma, perdigones, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. La Policía Nacional reconoce el uso de munición letal, justificándose como "disparos de advertencia", pese a que el uso de armas de fuego contra manifestantes está prohibido por el derecho internacional. Se evidencia además una campaña de estigmatización contra estudiantes de la Universidad de Panamá desde cuentas oficiales de comunicación estatal. Hay registro de manifestantes con heridas de balas de goma, perdigones y afectaciones por la inhalación de gases lacrimógenos. Tanto manifestantes como periodistas que cubren los hechos resultan afectados por el uso desmedido de estos gases.

En Santiago de Veraguas, se registra una excesiva presencia policial en el Puente 19 de julio, un punto clave de encuentro de reunión para distintos sectores de la población y donde, en julio 2022, se reprime brutalmente a la población veragüense.

La Defensoría del Pueblo se limita a anunciar la apertura de una “queja” en redes sociales, incurriendo en una declaración jurídicamente incorrecta al atribuirse potestades investigativas vinculantes que no posee. La ausencia de acciones concretas refuerza la percepción de ineficacia institucional frente a la violación de derechos fundamentales.

25 de marzo – Alto Tocumen

Comunidades organizadas exigen acceso al derecho humano al agua. La respuesta estatal es nuevamente represiva: testigos reportan disparos de gases lacrimógenos, incluyendo impactos en el pecho y el rostro de manifestantes.

1 de abril – Estigmatización del movimiento docente

La Defensoría del Pueblo emite un comunicado que sugiere que las y los docentes estarían vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Toda afectación a derechos de menores debe ser tratada con seriedad, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes determinar responsabilidades individuales, evitando generalizaciones que puedan criminalizar la huelga docente. La Ministra de Educación profundiza esta estigmatización, acusando al gremio docente de querer “generar pánico”, lo que refuerza un discurso de deslegitimación de la protesta social.

3 de abril – Amenazas, silenciamiento e intimidación

Docentes denuncian presiones ejercidas por el Ministerio de Educación mediante la emisión de comunicados oficiales que podrían constituir actos de intimidación, vulnerando de forma directa la libertad sindical y el derecho legítimo a la huelga. Se registran casos en los que directores escolares comunican verbalmente al personal docente que, de sumarse a la huelga, se les aplicarán descuentos salariales. La amenaza de aplicar descuentos salariales constituye una medida de represalia contraria a principios reconocidos en acuerdos suscritos históricamente por el propio Ministerio.

La Viceministra Académica de Educación, Agnes De León de Cotes, declara que hay gran asistencia docente y califica la jornada como un “día normal de clase”, lo que implica un desconocimiento del derecho a huelga y desacredita la acción colectiva de las y los docentes.

Simultáneamente, se denuncia una presencia policial desproporcionada en inmediaciones de la Universidad de Panamá desde tempranas horas de la mañana(6:37am). En horas de la tarde, un docente universitario reporta que su vehículo fue impactado por una bomba lacrimógena lanzada por efectivos policiales, lo que provoca la destrucción del vidrio trasero, pese a no registrarse disturbios en la zona. Además, se registran afectaciones por uso desmedido de gases lacrimógenos. También se documenta el lanzamiento de estos gases desde un vehículo civil no identificado, en abierta violación a protocolos legales y principios de transparencia y legalidad.

En Santiago de Veraguas, se reitera la excesiva presencia policial en el Puente 19 de julio, al igual que el pasado 21 de marzo. Este punto, clave para la reunión de diversos sectores de la población, fue escenario de una brutal represión en julio 2022, y nuevamente se convierte en un espacio de fuerte tensión y vigilancia.

4 de abril – Criminalización de la documentación ciudadana

Carlos Pretelt es detenido arbitrariamente junto a dos jóvenes —uno de ellos con discapacidad— cuando se dirige hacia Betania tras salir de la Universidad de Panamá. Al llegar a la entrada de ese sector, son interceptados por unidades de Control de Multitudes. Uno de los detenidos registra imágenes de las protestas en la Universidad de Panamá. Quien es inmovilizado en el suelo, agredido físicamente y amenazado con expresiones como: “vas a pagar por los que tiraban piedras”.

Ese mismo día, el Ministerio de Educación reitera su política de represalias salariales y desconoce la huelga docente.

En Santiago de Veraguas, se reitera la excesiva presencia policial en el Puente 19 de julio, al igual que el pasado 21 de marzo y 3 de abril. Este punto, clave para la reunión de diversos sectores de la población, fue escenario de una brutal represión en julio 2022, y nuevamente se convierte en un espacio de fuerte tensión y vigilancia.

En Caimitillo, residentes que exigen acceso al agua potable son reprimidos con gases lacrimógenos, repitiendo el patrón de represión contra quienes reclaman derechos fundamentales.

Se reportan detenciones arbitrarias preventivas en la Terminal de Santiago de Veraguas contra personas indígenas del pueblo Ngäbe Buglé, aunque no se dispone de la fecha exacta de este suceso. Las personas detenidas son acusadas de supuesto desacato, pero posteriormente son liberadas sin cargos. Este tipo de acciones vulnera derechos fundamentales y contribuye al clima de temor y represión en la región.

Se informa que algunos estudiantes de la Universidad de Panamá, miembros de una organización estudiantil, no participan directamente en actos de protesta en las calles. Sin embargo, en el mes de marzo, mientras salían de la Universidad tras una reunión virtual, fueron detenidos por la policía. Dos de ellos fueron acusados de alterar el orden público, y el tercero se enfrenta a una acusación de haber roto un dedo a un oficial de policía con una piedra. Los dos jóvenes detenidos fueron llevados al Juez de Paz de Bella Vista, donde se les impuso una multa de $50 a cada uno, aunque apelaron la decisión. En el caso del tercer estudiante, la Fiscalía investiga el supuesto delito de lesiones personales.

Constatación documental de hechos:

21 de marzo

Represión Colón

https://x.com/SuntracsPanama/status/1903080124565647497

Comunicado de la policía sobre uso de arma letal en protestas en la Universidad de Panamá

https://x.com/policiadepanama/status/1903196140352545238

Registro de represión en la Universidad de Panamá

https://x.com/TReporta/status/1903134322040676656

Uso de arma letal en protestas en la Universidad de Panamá

https://www.instagram.com/p/DHdzhzqupBX/

https://www.instagram.com/p/DHeUZecvAfU/

Estamentos de seguridad atrincherados en la Universidad de Panamá