Buenos Aires, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá
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En un contexto nacional marcado por una creciente movilización ciudadana en defensa de los derechos sociales, la soberanía nacional y el ambiente, se suma ahora una alarmante denuncia de violación a los derechos humanos en la Comarca Ngäbe Buglé. La Alcaldía Municipal del distrito de Ñürüm, encabezada por el alcalde Pedro Camaño O., ha emitido una comunicación oficial al Comisionado Director Nacional del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), exigiendo explicaciones sobre la presencia y actuación de un grupo de miembros armados de esta entidad en comunidades indígenas en acciones intimidatorias.
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Unidades de SENAFRONT bajo cuestionamiento
El documento, fechado el 7 de abril de 2025, denuncia la presencia de más de 15 miembros armados del SENAFRONT que se estarían desplazando de comunidad en comunidad en los corregimientos de Agua de Salud, El Peñón y Guayabito, todos ubicados en la zona norte del distrito de Ñürüm. Esta región se encuentra a una distancia aproximada de 30 a 50 kilómetros al norte de la carretera Interamericana, adentrándose en zonas de difícil acceso de la comarca Ngäbe Buglé.
Según el alcalde Camaño, los agentes estarían entrando a los hogares sin autorización, exigiendo teléfonos celulares a los residentes y obteniendo información sobre líderes tradicionales y comunitarios bajo amenazas de armas. Además, se señala que estos actos están ocurriendo en áreas sensibles como escuelas, afectando gravemente a docentes y programas sociales, en un contexto que evoca prácticas represivas del pasado, propios de la dictadura Militar.
Violación de la Ley 10 de 1997 y el principio de autodeterminación
La acción de SENAFRONT contradice directamente lo establecido en la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, que reconoce la Comarca Ngäbe Buglé como entidad autónoma, exigiendo el consentimiento de las autoridades tradicionales —Congreso General, Congresos Regionales y Congresos Locales— para el ingreso de estamentos de seguridad pública.
Este precedente legal refuerza el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas y establece que ningún cuerpo armado del Estado puede ingresar sin autorización de las máximas autoridades comarcales para perseguir el delito. La carta del alcalde subraya este punto al calificar de "acción intimidatoria" la presencia no autorizada de estas unidades.
Contexto nacional de conflictividad social
Estos hechos se desarrollan en un ambiente político-social altamente tenso en Panamá. A lo largo de 2023 y 2025, miles de panameños se movilizaron en las calles contra la minería metálica, la corrupción y en defensa del sistema de seguridad social solidario, hoy gravemente amenazado por la implementación de la Ley 462, que modifica estructuralmente la Ley Orgánica del Seguro Social, debilitando su carácter solidario.
Simultáneamente, se ha generado un creciente rechazo a la alineación geopolítica del presidente José Raúl Mulino con el expresidente estadounidense Donald Trump, en lo que diversos sectores califican como un giro hacia el neocolonialismo, que pone en peligro la soberanía nacional.
Militarización y control territorial: una estrategia de silenciamiento
Diversos analistas consultados coinciden en que la intervención del SENAFRONT en la comarca, sin aprobación del Congreso General Ngäbe Buglé, responde a una estrategia más amplia de control territorial y desarticulación de la protesta indígena, la cual ha jugado un papel clave en las protestas sociales de los últimos años.
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Comunicado del Alcalde del Distrito Comarcal de Ñurun |
La Comarca Ngäbe Buglé, ubicada en el occidente panameño, cubre partes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, y es hogar de más de 200,000 indígenas. El distrito de Ñürüm, en Veraguas, cuenta con una población distribuida en comunidades rurales, muchas de ellas a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, y a varias horas de camino desde la Interamericana. Su difícil acceso no justifica el ingreso armado, sino que demanda diálogo respetuoso y coordinación con las autoridades indígenas.
La denuncia del alcalde Pedro Camaño no puede tomarse a la ligera. Se trata de una alerta directa sobre la militarización del territorio indígena en violación de la legislación nacional y los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.
Como constata en decenas de informes de Derechos Humanos de los ultimos 20 años, el Estado panameño viola sistemáticamente los Derechos Humanos de poblaciones vulnerables, las prácticas de intimidación preventiva o "propaganda armada" contra la población son cotidianas. La intimidación y represión nunca deben sustituir al diálogo. En un país donde los derechos sociales, la soberanía y la dignidad están bajo asedio, la voz de las comunidades indígenas debe ser escuchada, respetada y defendida. La Comarca Ngäbe Buglé no es zona de guerra, sino territorio ancestral donde la paz se construye desde el respeto mutuo y la justicia social.